Por Miguel Angel De Marco
En lo político-institucional, gravitaron en el período que venimos
reseñando las discusiones derivadas de la sanción de la Constitución Provincial
de 1921, que introdujo profundas reformas al derecho público santafesino. Hubo enérgicas
discusiones en la Legislatura, a través
de la prensa y en los ámbitos gubernativos, donde prevaleció la tesis de
vetarla.
Entre los puntos rispidos de la denominada Constitución del 21, se hallaban la eliminación del preámbulo, de la religión Católica como
credo del Estado y, en otro orden, de las loterías y juegos de azar. La Carta disponía también la
inmovilidad de los empleados públicos y regulaba los actos de las
intervenciones, fijaba las "bases del régimen económico y del
trabajo" y del sistema electoral; suprimía el requisito de pertenecer a la
religión católica para ser elegido gobernador y vicegobernador, como también el
juramento para la asunción de los cargos públicos, reemplazado por una simple
promesa de cumplir con la
Constitución y las leyes. Dividía a las municipalidades en
tres categorías: las que pertenecían a la primera, como Rosario, debían darse
sus propias Cartas; creaba la
Corte Suprema de Justicia y el Jury de enjuiciamiento para magistrados, y establecía la enseñanza gratuita, integral y laica.
Meses después del movimiento militar del 6 de septiembre de 1930, cuyo
jefe y seguidores se hallaban fuertemente impregnados de las ideas
corporativistas entonces en boga, hubo elecciones generales, pero como el
radicalismo resultó triunfante en la provincia de Buenos Aires, fueron suspendidos
los comicios en Santa Fe, Corrientes y Córdoba. Previa exclusión de las
candidaturas de personas que hubieran pertenecido a aquel partido, volvióse a
llamar a la ciudadanía a las urnas, y en Santa Fe triunfó el Partido Demócrata Progresista. Ello determinó la declaración de la vigencia de la Constitución del '21, que rigió hasta la
intervención federal a la provincia, en octubre de 1935.
En cumplimiento de lo mandado por la
constitución, se realizó en Rosario, en 1933, una Convención Municipal que
dictó una Carta para la ciudad, la cual rigió hasta la intervención citada.
En el orden nacional, las elecciones, condicionadas por la
proscripción del radicalismo, dieron la presidencia al general Agustín P. Justo
(1932-1938). Lo sucedió en el mando el doctor Roberto M. Ortiz, quien, enfermo,
no pudo concluir su mandato, cediéndolo al vicepresidente, doctor Ramón S.
Castillo, que a su vez no logró finalizarlo pues lo derrocó el movimiento
militar del 4 de junio de 1943.
El drama de la Segunda Guerra
Mundial, como antes la
Guerra Civil Española, compartió, junto con los grandes
hechos nacionales acaecidos en esta etapa, un lugar en la mente y en el corazón
de los rosarinos.
A lo largo del período que venimos reseñando,
Rosario soportó resignada constantes cambios de conducción municipal, pues,
salvo el período de vigencia de la Constitución del '21, en que los intendentes
eran elegidos por votación popular, el gobernador de la provincia designaba
directamente al lord mayor, mientras el vecindario solo sufragaba para la integración del Concejo
Deliberante.
Entre otros intendentes, merecen una mención especial los doctores J.
Daniel Infante (1912-1913) y Miguel Culaciatti (1935-1938), por el impulso que
dieron a distintas obras de mejoramiento urbano.
No faltaron durante esos años los enfrentamientos
entre radicales personalistas —que respondían a la enigmática figura del dos veces presidente
Hipólito Yrigoyen (1916-1922; 1928-1930)— y antipersonalistas—seguidores de Marcelo T. de Alvear, primer mandatario entre 1922 y
1928—, y de éstos con los
demócrata-progresistas, socialistas y comunistas. Como las costumbres cívicas
distaban aún de haber alcanzado la madurez, abundaron las denuncias de fraude
en los comicios.
Fuente: Extraído de
Libro “ Rosario desde sus orígenes hasta nuestros días” Síntesis Histórica.
Editorial Librería API 2º Edición.
Rosario 1984.
