Escudo de la ciudad

Escudo de la ciudad
El escudo de Rosario fue diseñado por Eudosro Carrasco, autor junto a su hijo Gabriel, de los Anales" de la ciudad. La ordenanza municipal lleva fecha de 4 de mayo de 1862

PREVENCION DEL DENGUE

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martes, 18 de julio de 2017

TRIBUNALES DE ROSARIO

Por Miguel A. De Marco (h)*

Reflejo de la historia institucional, política, social y económica de la provincia de Santa Fe. En los próximos días se inaugurará la primera etapa de su reconstrucción y se podrá comprobar la magnitud de las obras que lo posesionaran como uno de los centros culturales más importantes del interior del país.
El nuevo espacio urbano

El 22 de septiembre de 1857 la legislatura de la provincia aceptó la donación de un terreno ofrecido por Marcos Paz para ser utilizado como plaza de las carretas y arríos que llegaban del interior del país transportando pasajeros y todo tipo de mercancías, para volver luego cargados de los productos importados que arriba­ban al puerto rosarino. El mismo estaba ubicado entre las actuales calles Córdoba, Dorrego, Santa Fe y Moreno, una zona que por entonces se encontraba en los suburbios de la zona oeste de la ciudad.
Recién en 1868 se creó por orde­nanza municipal  el bulevar Santafesino (actual Oroño), y la Plaza  San Martín fue reconocida oficialmente como tal por primera vez en la memoria municipal de 1884, cambiando su rol de mercado público por el de paseo público. La ciudad había crecido en todos los órdenes y los saltos demográficos explican en gran parte su evolución y necesidades. En 1858, cuando recién se reconoció a la Plaza de las Carretas como espacio público, tenía 9.785 habitantes y para el primer censo provincial, en 1887, su población llegó a las 50 mil almas.

De allí que al momento de gestarse el proyecto de construir un gran palacio de justicia en Rosario, la zona se encontraba en una etapa inicial de urbanización y la densidad poblacional era incipiente (ver mapa de Carrasco).
La sesión del terreno


La euforia progresista que imperó en tiempos de la presidencia de Miguel Juárez Celman alentó la presentación de propuestas de obras públicas de envergadura inusual para la Argentina. En la provincia de Santa Fe, la gobernación de José Gálvez (1886-1890), no fue ajena a esta tendencia, y los empresarios como el catalán Juan Canals, que por entonces había obtenido del gobierno nacional la concesión para la construcción del puerto de Rosario, entre otros negocios, tuvieron un trato preferencial. El galvismo, (el círculo que rodeaba al gobernador), que proclamaba la llegada de una "Nueva era" de transformaciones de toda índole para Santa Fe, incluida la moderni­zación del Estado y la realización de obras de infraestructura que permitieran sentar las bases de una provincia pujante en el siglo XX, también tenía el control político en la ciudad de Rosario, y por eso logró que el Concejo Deliberante Municipal acompañara el proyecto asignado a Canals de construir un Palacio de Justicia y el 11 de septiembre de 1888 decretó: "Dónase al Poder Ejecutivo de la Provincia una fracción de terreno en la Plaza San Martín, compuesta de 139 metros 55 centímetros con frente a la calle de Moreno, por 55 metros 37 centímetros de fondo, lo que hace un total de metros cuadrados 6.331.38 centímetros con destino a la construcción del Palacio de Justicia contratado con el señor Juan Canals". El empresario había elevado al gobierno provincial, un mes antes, su propuesta de construir "un edificio titulado Palacio de Justicia", destinado a la instalación de los tribunales y dependencias. En la misma nota le solicitaba que adquiriera el terreno necesario en "un paraje conveniente". En el artículo 3 dejaba expresamente establecido que todas las obras serían hechas por cuenta exclusiva suya, las que deberían estar completamente terminadas en 1889, y que si bien el gobierno tendría derecho a ocupar los locales que fueran necesarios para la instalación de la Cámara de Apelación, juzgados, secretarías, fiscalías y archivos, a cambio éste debía "obligar a todos los agentes judiciales como escribanos y otros, a que instalaran sus respectivos despachos u oficinas en el Palacio de Justicia, único en el cual podrían autorizar los respectivos documen­tos que de dichos funcionarios emanaran". Como compensación de los locales ocupados por la Justicia provincial, él tendría derecho a cobrar "un alquiler que no excediera un peso y medio por metro cuadrado de superficie ocupada, inclusive la galería", garantizándole la provincia un total de cinco mil doscientos pesos nacionales en el caso de que los alquileres no pasaran ese producido mensual. A los treinta años de instalados los Tribunales el Palacio pasaría a ser propiedad exclusiva de la provincia.
El gobernador Gálvez aceptó la propuesta en todos sus términos. Los planos adjuntados por Canals prometían la construcción del palacio público más imponente y elegante de la provincia. En 1890, por iniciativa del activo intendente Gabriel Carrasco, quien durante su administración puso la piedra basal del actual Palacio Mu­nicipal, la plaza San Martín adqui­rió características modernas, acom­pañando de esa manera la construc­ción del Palacio de Tribunales.
El contexto político de la moder­nización del poder judicial


La modernización del Poder Judicial en tiempos de los gobiernos provinciales de José Gálvez (1886-1890) y su sucesor partidario Juan M. Cafferata (1890-1893), fue in­fluenciada en gran parte por los reclamos de la sociedad, la prédica de la prensa, y de los partidos opositores y oficialista. Es decir, la opinión provincial en su conjunto participó en el deseo de mejorar la administración judicial. Esta admirable movilización social difícilmente se hubiera producido con tanto vigor sin la presencia d nuevos actores: "el civismo", que daría origen a la Unión Cívica Radical, a la Unión Cívica Nacional y a organizaciones independientes 3 el despertar de la conciencia ciudadana a partir de la crisis financiera y moral de 1890, que condujo a una revolución que precipitó la renuncia del presidente de la Nación Juárez Celman 

Se cuestionaba la dependencia del Poder Judicial al poder político, antigua rémora que no era patrimo­nio excluyente del Estado santafesino. A medida que transcurrió el año de 1891, se incrementaron los rumores y el descontento hacia los magistrados y empleados de los Tribunales de Rosario, a quienes se acusaba de una larga serie de irregularidades.

A partir de 1890, todo procedimien­to judicial fue observado atenta­mente por dos o tres periódicos, en busca de alguna falta, para dar inicio, una vez detectada, a la etapa de la difusión de la irregularidad, prédica que permitía explayarse sobre los vicios estructurales y puntuales de la administración judicial. Se culpaba abiertamente al galvismo (los seguidores de Gálvez y Cafferata), quien, según la oposición, se beneficiaba al amparar a funcionarios incondicio­nales.

La gran batalla comenzó en julio de 1891, cuando El Municipio, cuestionó en términos agresivos, la capacidad y moralidad de los jueces de primera instancia de la ciudad de Rosario.


El gran mitin rosarino de 1891

En octubre del mismo año la ciudad protagonizó un espectáculo novedoso y original, aún para las prácticas cívicas nacionales: la realización de un imponente mitin público, apolítico y con el único fin de reclamar por "la moralización de la institución judicial" y exigir a la Cámara de Diputados que acusara ante la de Senadores, a los funcio­narios de la administración de justicia de Rosario, a quien la opinión adjudicaba cargos de inha­bilidad e incompetencia. La con­centración se efectuó en la Plaza San Martín y luego los manifestan­tes encolumnados se dirigieron por calle Córdoba, hasta la plaza Santa Rosa. Allí se dejó sentado que no podía haber un progreso real sin seguridad jurídica. Uno de los oradores exclamó que el pueblo tenía "hambre y sed de justicia", y el pueblo no la podía saciar por no tener confianza en sus magistrados. Por encima del tema convocante es importante resaltar el grado de participación de la sociedad rosari­na que ponía en evidencia la poten­cialidad de una comunidad, dis­puesta a superar también la crisis moral. La moralización de la justi­cia fue el tema que monopolizó la atención de la prensa, las conversa­ciones y los debates, coincidiendo todos, más allá de las respectivas ideologías políticas, en la necesidad de reformar la administración de justicia, dándole transparencia y separando a los jueces más cuestio­nados.
La permanencia en la función pública de jueces rectos y probos era "transitoria", porque las más elementales necesidades económi­cas lo ahuyentaban de su puesto. El diario galvista de Santa Fe, Nueva Época, efectuó para ese entonces, una serie de artículos titulados, "la reforma judicial". En uno de ellos se afirmó: "los magistrados que no tienen fortuna propia, están en una condición de mendigos", porque si es que llegaban a cobrar su salario, recibían los despreciados vales de tesorería.
A todo esto, se conoció un informe final de la inspección del ministro del Superior Tribunal, Juan F. Seguí, y las resoluciones del mismo, consistentes en desplazar de las funciones a los jueces de primera instancia de Rosario.
El imponente palacio de los Tribunales de Rosario

El año de 1892, fue decisivo para la justicia provincial. En una coyuntura política y financiera tan crítica, impensada por el galvismo años antes, se terminó de construir el imponente Palacio de Justicia de los Tribuna­les de Rosario.

La construcción, que se realizó en el predio de la calle Moreno, entre Córdoba y Santa Fe, fue única en su tipo en la Argentina de fines de siglos XIX, por el estilo arquitectó­nico y sus dimensiones que comprendían media manzana, planta superior y torre. La crisis económica que afectó a empresa­rios como Canals le impidió cumplir con los plazos de entrega y recién el 5 de febrero de 1892 la Cámara de Apelaciones de Rosario dictó la acordada que autorizó oficialmente la traslación del personal, muebles y archivos, abandonando los vetustos, inapro-piados y precarios salones del Departamento Central de Policía. Los muebles de la nueva residencia eran lujosos, los ambientes tenían cortinas negras y alfombras de granate. A cada juez se le asignó un salón, con un gran escritorio tipo ministro, y sillones de cedro tapizados. La Sala de Audiencias, llamaba la atención por su majes­tuosidad y severidad. De esta manera, se convertía en el edificio más "suntuoso" de aquel Estado pobre, superando sus salones en calidad a los de la propia casa de gobierno, en el secular Cabildo de Santa Fe.

En mayo del mismo año, el gobernador Cafferata llamó a ocupar el ministerio de Agricultura, Justicia e Instrucción Pública a Gabriel Carrasco, el rosarino que desde la intendencia tanto había contribuido a la realización del Palacio de Tribunales. Su presencia en este cargo fue revolucionaria e innovadora.
Una instancia clave para la justicia santafesina

El ministro Gabriel Carrasco tuvo la valentía de reconocer ante la prensa local y nacional que la justicia en Santa Fe era "tardía, cara y dudosa". El revuelo que origina­ron sus conceptos ocasionó un movimiento general en la prensa y en la gente. Carrasco opinó que hasta el más insignificante pleito que debiera terminarse en un mes, duraba cuatro años, y que si bien se sabía cuándo empezaba, no podía saberse cuándo culminaría. De la misma manera afirmó que la justicia era "casi inabordable para el rico y totalmente imposible para el pobre", no sólo las costas del juicio, sino también la tarifa de los abogados. Otro de los aspectos, que consideraba como vicio introduci­do en la práctica de la justicia, era el de "considerar al gobierno como res nullius, en cuyas arcas se puede honradamente meter las manos!", en alusión a que los abogados, regulaban sus honorarios frente al Estado como si fuera un ente privado de riqueza inacabable. El tercer aspecto que definió el ministro Carrasco, coincidiendo con los reclamos de la prensa y opinión pública en 1891, fue que la justicia era también dudosa. Frente al ciudadano, el comercio, y la sociedad en su conjunto, la administración judicial, se erguía como un edificio débil, ineficaz, peligroso y sospechoso. Es decir, existía un divorcio entre la sociedad y la confianza hacia el sistema judicial vigente, a lo que contribuía la falta de idoneidad y moralidad de funcionarios, y la ausencia de los más capaces y honestos desalenta­dos por un sueldo lastimoso. 

Estas consideraciones le valieron al ex intendente Carrasco una interpelación legislativa de la que salió airoso. En el mes de septiem­bre dio comienzo el debate legislativo de mayor profundidad de la gobernación de Cafferata: "la reforma a la Ley Orgánica de Tribunales"; merced a un proyecto elaborado por el ministro Carrasco. 

Hasta el senador nacional Gálvez, "descendió" de los niveles de la alta política en donde lo situaba el hecho de ser el líder de la bancada roquista, y escribió sobre la necesidad de crear la función de "los jueces de sentencia", con el fin de lograr la celeridad en la rápida conclusión de los litigios. 

La presión política opositora, la opinión pública, y la decidida acción de Carrasco, posibilitaron que la legislatura, en un mes, sancionara la Ley Orgánica de Tribunales. El título primero se refirió a los jueces y demás funcionarios de la administración de justicia. De acuerdo con la nueva ley se ponía en funciones la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, como órgano máximo. Por debajo de ella se formaron dos Cámaras de Apelaciones. Luego jueces letrados en lo Criminal Civil y Mercantil y de jueces letrados en lo Correccional, y por último de jueces de paz. También intervenían en la administración, el procurador general de la Corte, los fiscales de Cámara, los defensores de pobres y menores, los médicos de tribunales, los abogados, los procuradores, los escribanos y partidores. La Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe se compuso de cinco ministros, un procurador general, un secretario y un pro secretario. Ejercería la superintendencia de la administración de justicia. Su presidente sería electo anualmente, dentro de la misma. También se detallaron los deberes de las Cámaras de Apelaciones, y los restantes jueces. En cuanto a los fiscales se especificó que eran los guardianes de la moralidad y rectitud de la administración de justicia en los Tribunales. Títulos especiales fueron dedicados a las formalidades que debían seguir las escrituras públicas; el archivo de los tribunales; el registro de anotación, de hipotecas, embargos e inhibiciones; el régimen carcela­rio y de alcaidías, etcétera. 

Una de las rémoras tradicionales que seguían atentando contra la "renovación" y "transformación" del sistema judicial santafesino fue la escasez de letrados en condición de ejercer la magistratura. El galvismo, siguiendo la práctica de gobiernos anteriores, "importó" jueces de provincias vecinas, especialmente de la docta ciudad de Córdoba. También fue tolerante en cuanto la admisión como jueces, de extranjeros no naturalizados, tal es el caso del mencionado Serafín Alvarez, padre del prestigioso historiador rosarino. 

Lo cierto es que esta "tolerancia" también creaba una relación de compromiso entre el mandatario que concedía el puesto y que se comprometía al mismo tiempo a garantizarle subsistencia social y económica, y el juez que no podía olvidar la gratitud del gobernador que le dio un puesto de relevancia y posibilidades de progreso para él su familia e hijos.

Tal era el estado de la justicia para 1893, una flamante estructura pero con pocos magistrados, con empleados judiciales sin adecuada preparación, y gran cantidad de pleitos sin resolver.
Los agravios al secular Palacio

El Palacio de los Tribunales fue víctima de sucesivos agravios, los que comenzaron en el momento mismo de la inauguración de sus oficinas, en 1892, cuando no se preveían las partidas necesarias para su mantenimiento. Dos años más tarde, convertido el gobierno provincial en una delegación política del régimen instaurado por Julio A. Roca, sus instalaciones fue­ron transformadas en cuartel para las tropas del Ejército nacional en­viadas por el entonces presidente Luis Sáenz Peña para garantizar "la normalidad" institucional, luego de las revoluciones radicales de 1893. El Estado provincial, que en su pre­caria estructura administrativa aún no contaba con instalaciones de cierta relevancia en la segunda ciu­dad del país no dudó "para garanti­zar el sistema republicano" en auto­rizar la ocupación militar del pala­cio, comprometiéndose a no inter­ferir en el funcionamiento judicial. La decisión adoptada desde Santa Fe implicó que toda su estructura quedara desbordada y se destroza­ran, por ejemplo, sus baños, y durante el brote colérico de 1895 tuvo que evacuarse totalmente para su desinfección.

Este primero y gran agravio al Palacio, de una provincia moderna convertida en poco tiempo en la octava región del globo que más había crecido en una década, fue un augurio de lo que sucedió en ade­lante. Según informes oficiales ela­borados en la década del 10, el edi­ficio ya se encontraba en una situa­ción de dejadez. Canals, lejos de in­vertir en su mantenimiento se pre­sentó en quiebra en 1912 y el edi­ficio pasó a manos de la provincia.

El necesario relevo edificio


Fue en la gobernación de Manuel María de Iriondo, en 1938, que se decidió construir un nuevo edificio para los tribunales rosarinos, y el 8 de julio de 1945 fue colocada la piedra fundamental. El nuevo palacio se levantaría en la manzana comprendida por Balcarce, Moreno, Montevideo y avenida Pellegrini. El interventor federal presidió la ceremonia, y el ministro de Hacienda y Obras Públicas de la provincia, Juan H. Caesar recono­ció la necesidad de no dilatar por más tiempo la construcción de un edificio porque era una necesidad imperiosa. Sin embargo, el mismo pudo ser recién inaugurado el 30 de abril de 1962, durante la intervención nacional del general Víctor Cordés, quien públicamente admitió que la conclusión de la obra se debía a las intensas gestiones del mandatario desarrollista, doctor Carlos Sylvestre Begnis, derrocado junto al presidente Arturo Frondizi, semanas antes.

Fue también durante la gestión del mencionado mandatario desarro­llista, en 1960, que las Escuela de Derecho, Ciencias Agrarias y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Litoral, junto al Museo Angel Gallardo se instalan en el Viejo Palacio. 

Por entonces también prosperó una iniciativa de Julio Marc de trasladar el Museo Histórico Provincial desde el Parque Independencia al Palacio de los Tribunales, que si bien logró el acuerdo de la legislatu­ra provincial no se concretó. En la década siguiente se apoderó de la torre y techos una colonia de murciélagos, una de las más grande de Sudamérica, que desplazó a sus anteriores dueñas: las palomas.
Hacia la conformación de un Centro Cívico

La plaza San Martín, escoltada por dos de los palacios institucionales más importantes de Sudamérica, el Palacio de Tribunales y el Palacio de la Gobernación, remozados en la actual gestión del gobernador Jorge Obeid, podría constituirse en un espacio único en su tipo en la República Argentina. Los palacios contribuyeron a la jerarquización urbanística de la zona, que rápidamente se pobló a principios del siglo XX. Por entonces, se concluyó el adoquina­do frente al flamante edificio de la Escuela Freyre de Rosario, en calle Córdoba, entre Balcarce y Moreno, y de las calles que rodeaban a la plaza San Martín.

De esta manera, aquel espacio pasó a ser el ámbito público más significativo de la provincia, porque recién en 1917 se habilitó en la ciudad de Santa Fe la actual Casa de Gobierno, la "Casa Gris". Hasta poco tiempo antes, el Poder Ejecutivo y el Legislativo habían sesionado en los estrechos salones del viejo Cabildo.

Frente a la Casa Gris de Santa Fe y al Palacio de la Jefatura de Rosario, se emplazaron las estatuas ecuestres de San Martín, en 1902 y 1913, respectivamente, y esto no es una simple coincidencia. Señala el rango oficial otorgado a ambos espacios públicos. 

El gobierno provincial ha tomado cartas en el asunto, revirtiendo una inercia de décadas, y que oportuna­mente señalamos como preocupan­te. Todo hace prever que se marcará un punto de inflexión y que el Complejo o Centro Cívico Provin­cial, con la remozada Sede de Gobierno, contribuirá a acercar a los rosarinos con los gobiernos de Santa Fe.

Sin embargo, la sorpresa la dará, en muy poco tiempo, la inauguración del remodelado edificio de los viejos Tribunales, hoy Facultad de Derecho
La reconstrucción

En 1994 se conformó el Plan de Rehabilitación del Antiguo Palacio de Justicia de la Ciudad de Rosario, con la coordinación de la Universi­dad Nacional de Rosario (UNR). 

Los sucesivos rectores de la UNR y los decanos de la Facultad de Derecho mostraron un firme compromiso en el sentido de que la restauración del viejo Palacio de Tribunales concluyera en un plazo no mayor de diez años de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. 

La Provincia llamó a un concurso de Propuesta de Trabajo y Precios para el Proyecto de Restauración de Fachadas por parte de la DIPCES, siendo adjudicado el trabajo a un grupo de profesionales rosarinos, bajo el contralor de instituciones representativas de la ciudad. 

Desde septiembre del 2000 el gobierno provincial de Carlos Reutemann comenzó a refaccionar los techos, a través de la empresa Construcciones Industriales y Civiles (CIC), estimándose su terminación en un año, para luego seguir con la remodelación de la fachada.

La regularización de la situación del inmueble -recién en diciembre de 1999 la UNR firmó un contrato de uso- posibilitó que la Universidad también comenzara a invertir en el histórico edificio. De esa manera se remodelaron las 19 aulas de la planta y se amplió la biblioteca, con fondos universitarios y la coopera­dora de la Facultad de Derecho (Cofade). Se concluyó el anfiteatro Rodolfo Fontanarrosa. 

En el mes de diciembre de 2001 la Legislatura santafesina aprobó la donación del edificio a la UNR. 

El 1 de julio del año 2003, fue un día negro para la ciudad. Los medios de comunicación daban cuenta que el viejo edificio se encontraba en llamas siendo el más triste pero anunciado corolario de ese agravio secular que anteriormente se mencionó. El fuego se inició después de que se arrojaran bombas de estruendo en una marcha de empleados estatales. Fue un duro golpe para el ánimo de los rosarinos y en especial para la comunidad de la Facultad de Derecho y todos aquellos que desde hacía diez años habían luchado denodadamente por la recuperación del edificio. 

La reacción de las autoridades fue inmediata en el sentido de poner un punto final a la situación planteada. 

El 19 de febrero de 2005 renació la esperanza cuando una grúa gigante inició los trabajos de reconstrucción de los techos sobre calle Moreno, con fondos donados por el gobierno provincial. Asimismo el gobernador Obeid entregó una suma que rondó los 70 mil pesos con la finalidad de restaurar los murales originales de artistas italianos de la cúpula del hall de ingreso también por calle Moreno.

Una semana antes tuvo lugar en la Casa Rosada otra señal alentadora. 

El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, entregó al rector de la UNR, Ricardo Suárez, y al decano de la facultad, Ricardo Silberstein, 1.300.000 pesos, de un total de 3 millones. "Este es el primer aporte realizado por el gobierno nacional a un año y siete meses del incendio que destruyó el 40 por ciento de la sede de Derecho y más de 13 mil piezas del museo Angel Gallardo", destacó La Capital.
Renacer de las cenizas

Según el decano Ricardo Silbers­tein, luego del incendio del año 2003, la inversión en la remodela­ción puede resumirse de la siguien­te manera: Con el millón y medio de pesos aportado horas después del siniestro por Reutemann se reconstruyeron todos los techos que dan a calle Santa Fe a Moreno. Con el millón y medio de pesos enviado por el presidente Kirschner se concluyeron la refacción de las aulas de la Planta Baja y Planta Alta que dan a las mencionadas arterias. Por su parte, la UNR destinó un millón de pesos más que permitió concluir la remodelación de la fachada por calle Córdoba. Con cincuenta mil pesos aportados por la Cámara de Diputados de la Provincia y recursos de la UNR se apuntaló la torre para evitar su desmoronamiento. La Embajada de Suiza también contribuyó con más de 70 mil pesos que fueron inverti­dos en la construcción de nuevas aulas. Por último, el gobernador Obeid donó a la Facultad un millón de pesos para la refacción de la fachada por calle Moreno, y luego otra cantidad para restaurar los murales ya señalados. 

Por todo esto Silbestein confía que en muy poco tiempo se podrá inaugurar una primera etapa de la reconstrucción.
Los murales y el vitraux

La restauración de la pintura de murales que desde principios del siglo XX engalanan el ingreso al edificio  calle Moreno está a cargo de la profesora Cristina Lancelotti, quién ya tuvo a su cargo la misma tarea en Villa Hortensia y El Círculo. El coordinadores Mario Godoy y el equipo de trabajo está compuesto por Jorgelina Toya, Javier Carricajo, Candela Nardelli, Alejandra Rubinich, Carlos Torres y Mario de Lugo.

La recuperación de los vitraux de la torre está bajo la responsabilidad de Héctor Riboldi


*El presente artículo es una adaptación de las investigaciones realizadas por el autor para el CONICET, editadas en revistas especializadas e integrante del capítulo "Justicia ", del libro inédito "La ejecución de políticas públicas para la modernización del Estado santafesino ".
MIGUEL ANGEL DE MARCO (H), Santa Fe en la transformación argentina. Museo Marc, Rosario. 2001.
Digesto Municipal, de la Municipalidad del Rosario de Santa Fe, publicación oficial. Compañía Sudamericana de Billetes de Banco. 1890. p. 307. Recopilación de Leyes. Decretos y Resoluciones vigentes en la Provincia, compiladas y anotadas por Honorato Villalón. Miguel Pomponio y Cía. Rosario. 1997. p. 572.
El Municipio. 16 de octubre de 1891. Ibidem. 20 de octubre de 1891. La Opinión. 8 de noviembre de 1891. Ibidem.
La Razón. 12 de enero de 1892.
La Opinión. 6 y 14 de enero de 1892.
La Razón. 6 de febrero de 1892.
El Economista Argentino. 30 de abril de 1892. En este
número hay un extenso articulo sobre la justicia en
Santa Fe. y la incidencia de la llegada del ministro
Carrasco al ministerio.
GABRIEL CARRASCO. Intereses Sacionales de la República Argentina. Talleres de Jacobo Peuser. Buenos Aires. 1895. p. 657.
Discusión parlamentaria sobre el proyecto de reformas a la ley orgánica de los tribunales, cámara de senadores. XXI periodo legislativo. Santa Fe. Nueva Época, 1892.
Decía Gálvez: "El mejor medio para la brevedad del litigio es la existencia de un juez de sentencia y un juez que trasmite los oficio. Yo pienso que jamás llegaremos a tener justicia pronta, rápida, eficaz, mientras no asignemos a cada juzgado un número dado de causas de la que no se debe pasar". Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe. tomo XX. año 1892, Imprenta y Encuademación de Nueva Época, Santa Fe. 1897. p. 481.
JUAN ÁLVAREZ. Vida de Serafín Álvarez. Talleres Gráficos Argentinos. Buenos Aires. 1935. p. 34. Archivo Particular de la Familia de Juan M. Cafferata. Carpeta de 1892.
MIGUEL ANGEL DE MARCO (H). La ejecución de políticas públicas para la modernización del Estado santafesino. capítulo relacionado a la salud pública, obra inédita.
MIGUEL ANGEL DE MARCO (H), Carlos Sylvestre Begnis. liderazgo y gobierno en el desarrollo del litoral argentino. Editorial Dunkcn. Buenos Aires, 2005.P.416.
La Capital, 11 de febrero de 2005.

Fuente: Extraído de la Revista “Rosario y su Historia”. Fascículo Nº 39 de Marzo de 2006.-